El otro día, en la sala de espera de un hospital, vi que un grupo de chicos de clase socioeconómica media-alta jugaba animadamente en una casita de muñecas instalada ahí. Una niña, al parecer nieta de una pareja mayor que, por sus rasgos y vestimenta, aparentaba venir del campo, los observó con esa sonrisa abierta e ilusionada que solo tienen los niños. Se acercó, dispuesta a jugar junto a los otros en la casita. Antes de que pudiera tocar nada, su abuelo la detuvo con firmeza: «eso no es tuyo». La niña se alejó en silencio, de la mano del anciano, con la mirada triste y caída. Esa escena me hizo reflexionar. Él no actuó mal, pues su intención sin duda era protegerla. Pero esa frase muestra cómo ciertos aprendizajes se transmiten de generación en generación, a menudo sin que nadie lo note o lo cuestione. Así, sin querer, se alimenta el estereotipo de los “blancos privilegiados”.
El título de este artículo usa esta expresión para referirse a ese concepto que la sociedad reconoce. No la usa a modo de una clasificación racial. Es importante decirlo con claridad: la raza (en cuanto categoría sociológica) no determina el acceso a derechos ni la consciencia sobre ellos. En lo que sí parece incidir —y de manera significativa, con pesar— es en la clase socioeconómica. El estereotipo del ‘blanco privilegiado’ es una construcción histórica. Durante siglos, se asociaron ciertos rasgos fenotípicos con el poder económico. Pero en la actualidad, ese vínculo no tiene base real ni universal. Lo que persiste, en cambio, es una brecha profunda en la forma en que distintas clases sociales educan a sus hijos respecto a sus derechos y privilegios. Eso es lo que me interesa explorar aquí.
La diferencia entre derecho y privilegio no es menor en lo semántico. La palabra “derecho” viene del latín directus, que significa lo recto o justo. Se refiere a lo que le corresponde a toda persona por el hecho de serlo. En cambio, “privilegio” proviene de privi-legium, que quiere decir una ley privada o una concesión especial para unos pocos. Confundir ambos términos tiene consecuencias prácticas enormes. Quien cree que algo es un privilegio (una cosa excepcional, concedida por gracia ajena) no lo reclama, no lo defiende, no lo enseña a sus hijos como propio. Quien entiende que es un derecho, en cambio, lo ejerce con naturalidad, lo custodia y lo transmite como parte de su identidad. Esta distinción no es solo filosófica. Es el núcleo de lo que diferencia la educación de quienes aprenden a moverse en el mundo con seguridad de quienes aprenden a pedir permiso para existir en él.
El psicólogo Martin Seligman acuñó el concepto de indefensión aprendida. Este describe lo que ocurre cuando una persona deja de intentarlo tras experimentar situaciones en las que sus acciones no producen ningún resultado. No porque sea incapaz, sino porque ha aprendido que el esfuerzo no sirve. Esa misma lógica opera a nivel colectivo: familias que han vivido durante generaciones sin ver satisfechos sus derechos básicos llegan a internalizar que esos no son sus derechos, sino privilegios de otros. Emmanuel Mounier, por su parte, sostenía que la dignidad humana no es algo que se gana ni que se concede: es constitutiva de la persona. Pero reconocerla como propia requiere un proceso de formación. Y ese proceso, al igual que todo proceso formativo, depende en gran medida del entorno en que ocurre. El teólogo y filósofo Bernard Lonergan añadiría que la conversión (entendida no solo en sentido religioso, sino como cambio profundo en la forma de percibir la realidad) es posible, pero no espontánea. Requiere encuentro, acompañamiento, y, sobre todo, un nuevo lenguaje con el que nombrarse.
Las familias de clases socioeconómicas más altas tienden a educar a sus hijos desde muy temprano en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. No necesariamente de manera explícita ni teórica, sino a través de gestos cotidianos: el padre que llama al administrador cuando el servicio es deficiente, la madre que acompaña a su hijo al médico y pregunta, exige, toma nota. El niño que aprende que puede levantar la mano en clase sin pedir disculpas por hacerlo. Esa educación no es arrogancia, aunque a veces lo parezca. Es una forma de habitar el mundo, fundamentados en la certeza de que uno tiene un lugar en él.
En el otro extremo, muchas familias de menores recursos (no por maldad ni por ignorancia, sino por lo que han vivido) transmiten a sus hijos mensajes distintos: «no te metas», «eso no es para nosotros», «¿quién te crees que eres?», «no puedes decir nada». Frases que, en su contexto, son capaces de ser formas de proteger, pero que, repetidas a lo largo de años, construyen un esquema mental donde el derecho se vuelve ajeno. Esa indefensión aprendida se mueve de formas oscuras, porque la persona deja de luchar por lo que es suyo por justicia, abandona sus sueños y proyectos y termina por generar una dependencia de lo que hagan los demás con él (las autoridades, las leyes).
El resentimiento social que señalaba Max Scheler (ese sentimiento de impotencia convertida en hostilidad hacia quienes tienen lo que uno no puede alcanzar) no es una falla moral individual. Es, en muchos casos, la respuesta comprensible de quien nunca aprendió que tenía derecho a alcanzarlo. Y así el ciclo se perpetúa. No porque esté diseñado para hacerlo, sino porque nadie lo interrumpe. Recordando lo mencionado en un artículo anterior sobre la pobreza como estado mental, pienso que la idea del premio Nobel Stiglitz de que existe una inequidad insalvable que impide a los pobres dejar de serlo es limitada. Tal vez, más que por ausencia de oportunidades, se deba a una mezcla de obstáculos externos con fallas en la educación de padres a hijos.
Creo que políticos que se aprovechan de mantener esa forma de pensar convierten esta indefensión aprendida en resentimiento social. No porque los pobres quieran seguir siendo pobres y que sus hijos ni siquiera intenten dejar de serlo porque eso es para “blancos privilegiados”, ni porque los ricos no permitan ingresar a su “sala VIP” en el mundo a los “nuevos ricos”, pues los pobres no dejarán de serlo “aunque se vistan de seda”. Es porque los ricos educan a sus hijos como ricos, haciendo uso de sus derechos y buscando ganarse privilegios; mientras los pobres educan a sus hijos como pobres, pensando que nunca podrán reclamar derechos que perciben como privilegios de los ricos y la escasez es su destino fatal. Los políticos utilizan la retórica de opresor y oprimido. No solo se aprovechan de esta dinámica injusta, sino que la mantienen para seguir beneficiándose de ella.
Vuelvo a la niña de la sala de espera. Su abuelo no era un mal hombre. Es probable que haya estado haciendo con exactitud lo que alguien le enseñó a él: que hay que saber cuál es tu lugar. Lo triste no es el gesto en sí. Lo triste es que esa frase —«eso no es tuyo»— dicha frente a una casita de juguetes puede convertirse en el molde con el que esa niña aprenda a relacionarse con el mundo. Así se conectará con los servicios de salud, con la justicia, con la educación y con cualquier institución que debería estar al beneficio de todos. Sin embargo, a muchos les sigue pareciendo un territorio ajeno, de ‘blancos privilegiados’. La pregunta que debemos plantearnos no es cómo cambiar a los que tienen más. Es cómo ayudamos a que quienes han aprendido a alejarse (de las casitas de juguetes, de los trabajos, de los juzgados, de las aulas) puedan volver a acercarse. Con seguridad. Con confianza. Sabiendo que también a ellos les corresponde un lugar en ese espacio comunal. Eso, me parece, es una de las tareas más urgentes de cualquier educación que merezca el nombre de humanista.
Enseñar a los que deben enseñar a hacer respetar sus derechos por el mero hecho de ser personas.